Brasil cuenta con un Sistema Nacional de Registro de Emisiones (SIRENE), que es el MRV oficial de las emisiones nacionales y un instrumento para difundir los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) desarrolló este sistema para proteger la información y accesibilidad de los resultados del Inventario Nacional de Emisiones Antropogénicas por Fuentes y de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal.

Si bien la NDC actualizada no menciona ningún mapeo de costos climáticos o análisis relacionado, y solo destaca que a partir de 2021, Brasil requerirá al menos US$ 10 mil millones por año para abordar los numerosos desafíos que enfrenta; la Cuarta Comunicación Nacional establece que la implementación de proyectos para alcanzar las metas de mitigación ha considerado diversos elementos tales como: identificar alternativas de mitigación y cuantificar sus respectivos potenciales y costos para 2012-2035 y 2035-2050, y un análisis integrado de las alternativas de mitigación considerando la no aditividad y otros aspectos económicos.

La NDC no hace referencia a una hoja de ruta para la implementación de la NDC. Como parte del diseño del SMMARE (actualmente pausado), uno de los elementos de monitoreo sería una lista de las acciones de mitigación evaluadas, incluida su fase de implementación. El SMMARE contaría con un Módulo de Monitoreo para que cada plan pueda implementarse en pasos específicos.

Aunque el país no tiene una estrategia de financiamiento climático, ha desarrollado algunos mecanismos financieros. Brasil ha presentado su estrategia de participación al Fondo Verde para el Clima (GCF) para obtener fondos para financiar proyectos y programas (Estrategia de Brasil para el GCF). Además, en 2018, Brasil preparó el documento del Programa de País, que considera oportunidades para la preparación de propuestas de financiamiento en el marco del GCF, que son consistentes con las prioridades nacionales, son económicamente viables, tienen un impacto transformador y cumplen con los criterios del fondo. Los principales instrumentos de financiamiento de fondos públicos comprometidos con entidades brasileñas son los préstamos y donaciones concesionales, logrados a través de canales bilaterales e instituciones multilaterales.

Con respecto a los arreglos institucionales nacionales, Brasil destaca la Ley 12.187/2009, que establece la Política Nacional de Cambio Climático (NPCC), reglamentada por el Decreto 7.390/2010. Esta ley crea el NPCC con las siguientes áreas clave de enfoque: combinar la protección del clima con el desarrollo socioeconómico; reducir las emisiones antropogénicas de GEI de todas las fuentes y fortalecer los sumideros de GEI; adaptación; preservación, conservación y recuperación de biomas nacionales; medidas de uso de la tierra y reforestación; y el desarrollo de un mecanismo nacional de límites máximos y comercio.

Con respecto a la fijación de precios o impuestos al carbono, el Proyecto PMR de Brasil (Partnership for Market Readiness) es una iniciativa patrocinada por el Banco Mundial en 41 jurisdicciones nacionales y subnacionales. El propósito del proyecto es considerar la adopción de un instrumento de fijación de precios del carbono como parte de la política climática nacional en el período posterior a 2020, y cómo aprovechar la relación entre los objetivos socioeconómicos y de desarrollo ambiental.

Para la iNDC del 2016, la contribución fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% por debajo de los niveles del 2005 para el 2025 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% por debajo de los niveles de 2005 para el 2030. Estas siguen siendo las mismas para la versión actualizada de la NDC del 2020.

Brasil no tiene una estrategia a largo plazo comunicada a la CMNUCC. Sin embargo, el país destaca que la NDC actualizada es compatible con un objetivo indicativo a largo plazo del logro de la neutralidad climática para el 2060. También establece que la determinación final de cualquier estrategia a largo plazo para el país dependerá del funcionamiento adecuado de los mecanismos de mercado previstos en el Acuerdo de París.