Brasil buscó construir su iNDC con aportes de la sociedad. Desde junio de 2014, se condujo una consulta nacional para comprender las expectativas de la sociedad sobre el acuerdo climático internacional.

Brasil cuenta con diecinueve políticas o normas nacionales, relacionadas a la gestión del cambio climático, de las cuales 15 se desarrollaron previo al Acuerdo de París. De estas normas, catorce se vinculan a temas energéticos, doce a algún tipo de arreglo administrativo o institucional, y cinco a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación (REDD+), bosques o al cambio del uso del suelo. La Estrategia Nacional para la Implementación y Financiamiento de la NDC (2017), articula el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, sectores relevantes de la economía y segmentos de la sociedad, entidades representativas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y demás grupos interesados. En 2017 Brasil restablece el Foro Brasileño de Cambio Climático, que -con participación de ministros y funcionarios de gobierno y de la sociedad civil- busca crear conciencia, movilizar a la sociedad y contribuir a la lucha contra el cambio climático. El Foro se subdivide en diez cámaras temáticas consideradas en la NDC: adaptación, gestión de riesgos y resiliencia; bosques, biodiversidad, agricultura y pesca; energía; transportes; industria; ciudades y desechos; financiero; defensa y seguridad; ciencia, tecnología e innovación; y visión a largo plazo. El Decreto 9.179 sobre infracciones administrativas y sanciones al medio ambiente (2017) modifica norma anterior (2008), incorporando el proceso administrativo federal para la determinación de infracciones y estipulando en uno de sus artículos que la mitigación o adaptación al cambio climático es un objetivo a considerar en su alcance. La Ley 13.576 que define la Política Nacional de Biocombustibles (2017), otorga una certificación a la producción de biocombustibles, establece objetivos de reducción de emisiones de GEI en la matriz de combustible y regula la emisión y comercialización de créditos de descarbonización. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2016), elaborado por el gobierno federal con participación de sociedad civil, sector privado y gobiernos locales, busca promover la reducción de la vulnerabilidad nacional al cambio climático y realizar una gestión del riesgo asociado al fenómeno. Considera 11 sectores (agricultura, recursos hídricos, seguridad alimentaria y nutricional, biodiversidad y ecosistemas, ciudades, gestión del riesgo de desastres, industria y minería, infraestructura, poblaciones vulnerables, salud y zonas costeras), representados por órganos gubernamentales competentes.

Según la NDC de Brasil, en el sector energía se plantea aumentar la participación de bioenergía sostenible en la matriz energética brasileña en 18% al 2030, expandiendo el consumo de biocombustibles, aumentando la oferta de etanol, e incluso a través del aumento de la proporción de biocombustibles avanzados (segunda generación), y aumentando la parcela de biodiesel en la mezcla del diésel. Además, el país plantea alcanzar una participación estimada del 45% de energías renovables en la composición de la matriz energética en 2030, incluyendo expandir el uso de fuentes renovables y expandir el uso doméstico de fuentes de energía no fósil, aumentando la proporción de energías renovables en el suministro eléctrico en, al menos, 23% para 2030. En el sector forestal y de cambio del uso de la tierra, la NDC plantea fortalecer el cumplimiento del Código Forestal, en ámbito federal, estatal y municipal; fortalecer políticas y medidas para alcanzar en la Amazonia brasileña cero deforestación ilegal para el año 2030 y la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la supresión legal de la vegetación hasta 2030; restaurar y reforestar 12 millones de hectáreas de bosques hasta 2030 y, además, ampliar la escala de los sistemas de manejo sostenible de bosques nativos, a través de técnicas de georeferenciación y trazabilidad aplicables al manejo de bosques nativos con miras a desalentar prácticas ilegales e insostenibles. En el sector agrícola se busca fortalecer el Plan de Agricultura de Baja Emisión de Carbono (Plan ABC) como la principal estrategia para el desarrollo sostenible. Incluso por medio de la restauración adicional de 15 millones de hectáreas de pastos degradados hasta 2030 y por el incremento de 5 millones de hectáreas de sistemas de integración rural-ganadería-bosques (iLPF) hasta 2030. El plan tiene por objetivos reducir las emisiones de GEI provenientes de las actividades agropecuarias; reducir la deforestación; aumentar la producción agropecuaria en bases sustentables; adecuar las propiedades rurales a la legislación ambiental; ampliar el área de bosques cultivados; estimular la recuperación de áreas degradadas. Es financiado por el Banco de Brasil y hasta la fecha ha beneficiado a 20 Estados. En el sector industrial, Brasil busca promover nuevos estándares de tecnologías limpias y ampliar las medidas de eficiencia energética y de infraestructura de bajo carbono; mientras que en el sector transporte se busca promover medidas de eficiencia, mejoras en la infraestructura de transporte y en el transporte público en áreas urbanas.

Se evidencian avances a nivel territorial en algunos estados brasileros, los cuales han empezado a presentar planes y proyectos de acción climática. El Estado de Mato Grosso presentó en el 2015 un programa llamado “Producir, Conservar, Incluir" que busca recobrar 2.5 millones de hectáreas de tierras degradadas, reducir la deforestación en la Amazonía en un 90% y, en la sabana Brasileña, en un 95% para el 2030 . Otro ejemplo es el Estado de Pará, que diseñó estrategias de mitigación en su plan Pará 2030, el cual promueve el desarrollo de una economía baja en carbono y la reducción de las emisiones de GEI. El país cuenta con la plataforma AdaptaClima , desarrollada por una asociación entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Consejo Británico (CB), la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED). Se trata de un portal colaborativo para sistematizar y compartir iniciativas de adaptación al cambio climático, permitiendo mayor acceso al conocimiento y conectando a los actores de esta agenda en Brasil. Además cuentan con el Sistema de Vulnerabilidad Climática (SisVuClima) el cual ha sido construido por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y la Fiocruz y agrega 64 variables para identificar y mapear las áreas más vulnerables al cambio climático y sus necesidades. El sistema ha sido ejecutado en seis estados brasileños: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná y Pernambuco.

En Brasil se cuenta con un Observatorio del Clima (OC), consistente en una red que reúne a entidades de la sociedad civil con el objetivo de promover la discusión de políticas climáticas en el país. El OC promueve encuentros con especialistas en el área, además de articular a los actores sociales para que el gobierno brasileño asuma compromisos y cree políticas públicas efectivas en favor de la mitigación y la adaptación de Brasil al cambio climático. En el año 2015, el Observatorio del Clima realizó una propuesta para la formulación de la iNDC de Brasil (Observatório do Clima, 2015). En Brasil existe la Coalición Brasil Clima, Bosques y Agricultura, un movimiento multisectorial, compuesto por entidades que lideran los agronegocios en Brasil, incluyendo a las principales organizaciones civiles del área de medio ambiente y clima, representantes del medio académico, asociaciones sectoriales y compañías líderes en las áreas de madera, cosméticos, siderurgia, papel y celulosa, entre otras. El movimiento cuenta con un documento base que tiene 17 propuestas concretas, orientadas a la reducción de las emisiones de GEI y la economía baja en carbono. Han participado en el lanzamiento del Sistema Nacional de Control del Origen de Productos Forestales (Sinaflor), firmaron el Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación nativa (Planaveg), y participaron en la consulta pública sobre la implementación de las NDC de Brasil. En términos de la litigación climática, en Brasil se han reportado 11 casos. En algunos de ellos el cambio climático se encuentra como argumento central, mientras que en otros se trata de un tema periférico. Uno de los casos más recientes es una serie de demandas colectivas realizadas por la fiscalía, en el 2014, en contra de las aerolíneas que utilizan el aeropuerto internacional de Sao Paulo, con el fin de que reforesten las tierras alrededor del aeropuerto para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.

El país se encuentra en el proceso de preparación de su Programa país para el Fondo Verde del Clima (Secretaria de Asuntos Internacionais, 2018), el cual busca contribuir a la implementación de la NDC. Este proceso pretende aproximar los criterios de inversión establecidos por el GCF y las políticas y estrategias de cambio climático existentes en Brasil, e identificar áreas de inversión a través de un proceso democrático y participativo.