El financiamiento contempla, además, fortalecer las capacidades del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para apoyar a la agricultura familiar, campesina e indígena (conocida como AFCI), y potenciar el papel del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en la gestión de riesgos de desastres en el sector agropecuario mediante la mejora de la gobernanza, sistemas de información y herramientas de control.

Se calcula que el préstamo beneficiará a cerca de 300.000 hogares dedicados a la agricultura, entre ellos los 162.000 productores que son usuarios del INDAP.

La incidencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en Chile se estima en alrededor del 17,4% de la población total, un valor que se encuentra considerablemente debajo de la tasa promedio en América Latina y el Caribe. Sin embargo, se ha incrementado sustancialmente en la última década y hoy afecta a más de tres millones personas en el país.

El préstamo, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, permitirá también actualizar la oferta programática del Instituto, diseñar planes de desarrollo agropecuario sostenibles para los beneficiarios del INDAP, modernizar el modelo de extensión con el apoyo de herramientas digitales, y aplicar un modelo de evaluación y seguimiento de digitalización de los procesos internos. La estrategia mantendrá un enfoque de género para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres beneficiarias del INDAP.

En cuanto al SAG, el proyecto espera contribuir a una mayor eficacia en la prevención y control de plagas y enfermedades, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de control. Entre las medidas que se adoptarán destaca la creación de un centro de inteligencia fito-zoosanitaria y de un sistema de alerta temprana de emergencias fitosanitarias para la gestión efectiva de los riesgos.

Con el propósito de fortalecer la provisión de servicios transversales de gestión de riesgos agropecuarios, el proyecto busca consolidar el marco normativo y elaborar los instrumentos de política necesarios para una gestión eficiente del riesgo de desastres en el sector agropecuario. Entre otras medidas, se pondrá en marcha un sistema de información para apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de riesgos de desastre y se expandirá la cobertura de la Red Agro-Meteorológica Nacional (RAN).

El acceso a alimentos de la agricultura familiar, campesina e indígena, como el estrato más vulnerable de la población, se vincula con sus niveles de productividad agropecuaria. El aumento de ese nivel de productividad se ve limitado por factores como la baja tasa de adopción de tecnologías y practicas eficientes, la baja participación en asociaciones productivas del sector o el acceso al crédito. En consecuencia, los ingresos por cápita en este segmento han crecido a un ritmo inferior que el resto de la economía y el 79% de los productores se encuentran entre el 50% de hogares con menos ingresos del país. Además, las grandes dimensiones de Chile, la extensión de sus fronteras terrestres y el alto volumen de comercio agropecuario, generan riesgos de introducción de enfermedades y plagas, algunas de ellas favorecidas por el aumento de temperaturas y el cambio climático.

El préstamo del BID tiene un periodo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en SOFR.