El Salvador cuenta con una meta relativa de reducción en el sector energía, del 46% de emisiones de GEI con respecto a un crecimiento sin acciones concretas de mitigación o BAU para el año 2025. Además, en la NDC del país se menciona que busca establecer un marco de legislación y arreglos institucionales que orienten el desarrollo económico y social hacia las bajas emisiones y la adaptación al cambio climático. En ambos casos se ha priorizado los siguientes temas: fortalecimiento del marco institucional y legal para la formulación e implementación sostenida de las contribuciones nacionales; Ley de cambio climático, Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; infraestructura; recursos hídricos; agricultura, ganadería y silvicultura; restauración de ecosistemas, energía; salud, saneamiento ambiental, trabajo y prevención social y transporte.
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Meta o Compromiso en Mitigación (reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Tipo meta
Políticas y medidas
Implementación de políticas y acciones en uno o múltiples sectores para promover el desarrollo bajo en emisiones. Estas incluyen metas explícitas de reducción de emisiones, aunque algunos incluyen otro tipo de metas, como el peso de fuentes renovables de energía en la matriz energética.
Escenario Tendencial o BAU
15.4
1
BAU: Un compromiso para reducir las emisiones con relación a una trayectoria proyectada de emisiones. Por ejemplo, una reducción del 30% de las emisiones proyectadas al 2030.
Meta condicional
-61
del BAU al 2030
Meta Incondicional: Un compromiso para reducir las emisiones con relación a una trayectoria
Meta incondicional
-46
del BAU al 2030
Meta Condicional proyectada de emisiones. Por ejemplo, una reducción del 30% de las emisiones proyectadas al 2030
Perfil de Emisiones de El Salvador
Emisiones totales de GEI
12.4
MtCO2eq (2018)
Emisiones del GEI per Cápita
1.9
tCO2eq / habitante (2018)
Emisiones de GEI por unidad del PIB
0.5
kgCO2eq / USD (2018)
Brecha de emisiones con meta 1.5 °C
8.5
MtCO2eq (BAU a 1,5°C)
Escenario Tendencial o BAU
15.4
MtCO2eq
Emisiones Meta Incondicional
8.3
MtCO2eq
Emisiones Meta Condicional
6.0
MtCO2eq
Emisiones compatibles con Meta de 1.5 °C
6.9
MtCO2eq
Velocidad de descarbonización histórica
-0.5%
Velocidad de descarbonización compatible con Meta Incondicional
-5.1%
Velocidad de descarbonización compatible con Meta Condicional
-7.7%
Velocidad de descarbonización compatible con Meta 1.5°C
-6.6%
Etapas del proceso de implementacion de NDC
Si bien en el país no se cuenta con un Sistema Nacional de Inventarios, El Salvador ha presentado un total de cuatro Inventarios Nacionales de GEI (INGEI) de los años 1994, 2000, 2005 y 2014. En la Tercera Comunicación Nacional del país se menciona las emisiones de GEI estimadas para el total de los tres sectores (Energía, IPPU y Residuos) del inventario: 8.601 kt de CO2eq para 2014; 8.460 kt de CO2eq para 2005; y 7.714 kt de CO2eq para el 2000. En conjunto, esta evolución ha venido marcada por un crecimiento sostenido en la quema de combustibles. Sin embargo, este crecimiento en el uso de combustibles es menos pronunciado que el crecimiento del PIB y de la población durante el mismo periodo, por lo que las tendencias de los ratios de emisiones per cápita y emisiones por unidad de PIB son decrecientes.
El Salvador cuenta con el “Estudio de Análisis del Gasto Público y la Institucionalidad para el Cambio Climático” (CPEIR). El gasto público para el tema de cambio climático para el periodo del 2011 al 2015 ha alcanzado un total de US$ 1,169.84 millones, aproximadamente US$ 233.97 millones anuales, equivalente al 1.1 % del PIB y el 4.34 % del gasto del Gobierno Central y Empresas Públicas. Con ello se evidencia que los temas relacionados con el cambio climático son transversales en los sectores de la economía. El desglose del gasto fue 63.29 % en adaptación; 27.12 % en mitigación y el 9.59 % en pérdidas y daños; y el 45.75 % fue financiado con recursos propios, el 31.8 % del fondo general, el 15.75 % con préstamos externos, el 4.82 % por donaciones y el 1.87 % por préstamos internos. En suma, el 95.17 % del gasto en cambio climático se realizó con recursos nacionales.
El Salvador no cuenta con un plan de implementación de la NDC explícitamente. Sin embargo, tiene el Plan El Salvador Sustentable (PESSu), cuyo horizonte de tiempo es del 2018 al 2030. Este plan cuenta con 28 acuerdos y 131 metas en los ejes estratégicos: gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y del cambio climático, generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad, fomento de la transformación productiva, y fortalecimiento de la institucionalidad pública. Dicho plan es complementario y está alineado a los compromisos internacionales de la Agenda 2030, el Marco de Acción de SENDAI, las NDC, la agenda urbana Habitat III, entre otros. Una de las más ambiciosas NDC de El Salvador es la meta de restaurar 1 millón de hectáreas de tierras degradadas, con cobeneficios de mitigación. De esas, 170,000 ya se encuentran bajo planes de restauración sostenibles.
El Salvador ha estimado un monto de inversión de US$ 2,090 millones para la implementación del Plan El Salvador Sustentable, principalmente en los siguientes ejes (1) Gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y cambio climático, (2) Generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad, (3) Fomento de la transformación productiva y (4) Fortalecimiento de la institucionalidad pública. En el año 2018 se finalizaron los siguientes estudios: Propuesta de Estrategia para el Financiamiento Climático; Propuesta de Arquitectura Institucional para el Financiamiento Climático y Propuesta de Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de Financiamiento Climático. En el marco de la Estrategia para el Financiamiento Climático se han identificado tres líneas estratégicas: instrumentos de planificación, transparencia y fortalecimiento de la capacidad de las instituciones y entidades públicas y creación de mecanismos de articulación.
Si bien El Salvador no cuenta con una Ley de Cambio Climático, se cuenta con varios instrumentos sectoriales transversales que tangibilizan la planificación en mitigación y adaptación: La Ley de Medio Ambiente, Política Nacional de Medio Ambiente, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional de Cambio Climático de El Salvador y Plan El Salvador Sustentable.
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Evidencia un progreso inicial o actividades para la actualización de su NDC, algunos ejemplos son estudios específicos, talleres, reuniones de coordinación, etc.
El Salvador cuenta con Plan El Salvador Sustentable (PESSu), documento de política pública que sirve de instrumento orientador para los actores clave del desarrollo de El Salvador. Tiene un horizonte de tiempo del 2018 al 2030 y en algunos casos se extiende el periodo. El plan cuenta con 28 acuerdos y 131 metas en los ejes estratégicos: gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y del cambio climático; generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad; fomento de la transformación productiva; y fortalecimiento de la institucionalidad pública. Dicho plan requiere de elaboración de líneas base e indicadores como parte de la implementación del plan.
Las iNDC fue elaborada en un proceso de consulta multisectorial, con la participación del sector privado, la sociedad civil, la academia y el gobierno central. Su contenido refleja el compromiso de los sectores de infraestructura, agricultura, transporte, recursos hídricos, energía salud y saneamiento ambiental. La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia presentó el borrador de iNDC a los distintos ministerios y oficinas autónomas con responsabilidades en su implementación, y recogió las observaciones y enmiendas que esas instancias realizaron, conformándose así la iNDC definitiva presentada ante la Convención.
El principal actor en la gestión del cambio climático es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). También contribuyen, de manera directa y preponderante: el Consejo Nacional de Energía del Ministerio de Economía; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Turismo; el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Educación; el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo; el Viceministerio de Transporte; el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local; la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados; la Secretaría de Gobernabilidad; la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad. El Salvador cuenta con siete normativas relacionadas a la gestión del cambio climático, todas aprobadas antes del Acuerdo de París, y están relacionadas al sector energético y la adaptación al cambio climático. En el 2012 se aprobó la nueva Política Nacional del Medio Ambiente en El Salvador, para revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Además, en el 2013 se lanzó la Estrategia nacional de cambio climático y, en el 2015, el primer Plan nacional de cambio climático (PNCC). Este último tiene como objetivo construir una sociedad y una economía resiliente al cambio climático y baja en carbono. En 2012 también se introdujo una reforma a la Ley de Medio Ambiente que integró un capítulo sobre cambio climático, con énfasis en adaptación y otras medidas de mitigación, subsanando los grandes vacíos que la legislación presentaba en la materia. En el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, aún en revisión de la Casa Presidencial para su eventual envió a la Asamblea Legislativa, se contemplan todos los arreglos institucionales necesarios para la gestión a todos los niveles, y con participación de distintos sectores de la sociedad civil.
La política ambiental nacional, presentada en el 2012, ofrece un marco para que el gobierno responda al cambio climático y a la degradación ambiental. Establece que cada ministerio debe incorporar las preocupaciones ambientales en sus propias políticas. En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales existe el gabinete técnico, conformado por funcionarios que coordinan las acciones con las distintas direcciones e instituciones nacionales para la adopción y gestión de la agenda ambiental y del enfoque del cambio climático en las diferentes políticas, estrategias, planes y programas.
La implementación de la Ley del Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET) permitió aunar actores del gobierno municipal con el central, para planificar e implementar el desarrollo metropolitano, integrando la adaptación y mitigación del cambio climático. El Plan inicial de adaptación al cambio climático en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) se generó con el apoyo de PNUD y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El plan inicial fue entregado a los organismos de planificación correspondientes y luego, en su etapa de seguimiento, se desarrollaron talleres con representantes técnicos de los municipios, el gobierno central y la sociedad civil. Finalmente, se abrió una consulta en línea para crear las medidas de adaptación que podrían ser promovidas en el Área Metropolitana de San Salvador. La ciudad de San Salvador también ha desarrollado el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), en funcionamiento desde el 2015. Sin embargo, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió su funcionamiento, respondiendo a una demanda de inconstitucionalidad que aún no se resuelve. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsa el Programa nacional de restauración de ecosistemas y paisajes, que tiene un enfoque de mitigación basada en la adaptación. Con una meta de restauración de un millón de hectáreas, se organiza en tres ejes estratégicos: la restauración, reforestación y conservación inclusiva de ecosistemas críticos; la restauración de suelos degradados, a través de la arborización de los sistemas agrícolas, la adopción de sistemas agroforestales resilientes y el desarrollo de una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático; y el desarrollo sinérgico de la infraestructura física y la infraestructura natural. El programa adopta un enfoque de paisaje y restauración altamente participativa. Con información actualizada sobre la cobertura arbórea y el uso de suelo, los actores relevantes de los paisajes han identificado las prioridades que definen la factibilidad social, económica y ecológica y el alcance total de la oportunidad de restauración en el país. Además, la iniciativa provee una evaluación financiera y económica de las acciones de restauración propuestas y constata que cumplan la condición costo beneficio, con rentabilidad y beneficios ambientales y sociales, a los cuales se da seguimiento bajo un sistema holístico de monitoreo.
Desde el sector privado y la sociedad civil participan representantes a través del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), que incluye a la Comisión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; a la Cámara Salvadoreña de la Construcción, a la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y al Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES), entre otros. El CONASAV tiene como objetivo facilitar el diálogo y la concentración para alcanzar acuerdos y compromisos nacionales de corto, mediano y largo plazo, a fin de promover la sustentabilidad, revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Es coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, además, es integrado por otras instituciones públicas del gobierno central y representantes de diversos sectores: academia, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, empresarios, transportistas, representantes de iglesias, comunidad indígena, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, cooperantes y organismos internacionales, medios de comunicación social, personas con experiencia y/o especialistas en el tema
En el año 2018 se finalizó el primer estudio de flujos financieros y de Inversión (FFFI) para los sectores de energía, agricultura, salud, agua potable y saneamiento, e infraestructura, con lo que se ha obtenido la primera estimación de necesidades financieras para cambio climático para el periodo 2018-2030, en los sectores indicados. En el año 2018 se finalizaron los siguientes estudios: Propuesta de estrategia para el financiamiento climático; Propuesta de arquitectura institucional para el financiamiento climático y Propuesta de sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. El Salvador contó con un Comité Interinstitucional de Financiamiento para el Cambio Climático, creado para fortalecer las capacidades institucionales y operativas necesarias para generar el financiamiento de las estratetegias en torno al cambio climático. Sin embargo, sus limitaciones operativas llevaron a la necesidad de diseñar una estructura más adecuada, de donde nacieron los proyectos específicos para crear la arquitectura, estrategia y el MRV de financiamiento climático. Dichos proyectos responden a los arreglos contemplados en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. En el año 2018 se finalizó el primer estudio Climate Public Expenditures and Institutional Review (CPEIR), para los años 2011 a 2015, una metodología de análisis de gastos ex post, mediante la cual se verificó que El Salvador invirtió $1.169 millones del presupuesto nacional en cambio climático, durante el periodo indicado. Esto corresponde a, aproximadamente, un 1% del PIB de esos años.