Uruguay elaboró su NDC con base en la PNCC, instrumento estratégico con un horizonte temporal al año 2050 y que prevé su desarrollo e implementación en el corto, mediano y largo plazo. Se hizo una revisión de las políticas que se estaban implementando en términos de mitigación y se analizaron los potenciales de mitigación de los planteamientos estratégicos actuales. También se revisó el contexto de la planificación y esfuerzos de adaptación. A partir de ello se definieron los objetivos de mitigación así como las prioridades que se plantearon en adaptación. La NDC fue construida de manera interinstitucional en el marco del Sistema nacional de respuesta al cambio climático, incluida su consideración en consulta pública. La NDC fue aprobada por Decreto Número 310 del Poder Ejecutivo, del 3 de noviembre de 2017.

El principal instrumento normativo de cambio climático en el país es la Política nacional de cambio climático. La PNCC tiene como objetivo general promover la adaptación y mitigación ante el desafío del cambio climático en Uruguay. La Política tiene como horizonte temporal el año 2050. La primera NDC de Uruguay expresa su concordancia con instrumentos internacionales, dentro de los cuales destacan el Acuerdo de Paris y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; e instrumentos nacionales que van desde la Constitución de la República hasta leyes nacionales que rigen la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, y la descentralización y participación ciudadana. Se han identificado veinte (20) políticas o normativas para Uruguay, que consideran expresamente al cambio climático, las cuales están relacionadas al uso eficiente de energía, la promoción de energías renovables y agricultura climáticamente inteligente. El sistema nacional de respuesta al cambio climático (SNRCC) fue creado por el Decreto 238 en el 2009, y desde su creación, se ha fortalecido institucionalmente. El mismo está encargado de la coordinación y planificación de las acciones públicas y privadas necesarias para la prevención de los riesgos, la mitigación y la adaptación al cambio climático. El SNRCC cuenta con el Grupo de coordinación (GdC del SNRCC), presidido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la División de Cambio Climático. Está integrado por nueve (9) ministerios, además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Instituto Nacional de Meteorología, el Congreso de Intendentes, el Sistema Nacional de Emergencias y otros organismos que participan en calidad de miembros invitados. En el marco del SNRCC se está desarrollando un Mecanismo de programación, monitoreo, reporte y verificación (pMRV), herramienta para monitorear el avance, resultados e impacto de las políticas climáticas y de las medidas de la NDC. Por otra parte, el año 2016 se crearon arreglos institucionales adicionales que incluyen la respuesta frente al cambio climático, como el Sistema Nacional Ambiental, el Gabinete Nacional Ambiental y la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático que, entre otros cometidos, articulan acciones con otras instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental.

En el sector público, la principal institución encargada de la gestión climática es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). También están involucrados el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Economía y Finanzas; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Industria, Energía y Minería; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Turismo; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Ministerio de Salud Pública; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Sistema Nacional de emergencias. En general, las principales acciones de cambio climático se elaboran y consensúan en el ámbito del GdC del SNRCC, siempre en coordinación con los ministerios. Los objetivos de mitigación de la NDC se establecieron sectorialmente de forma coordinada, considerando la especificidad de cada sector y actividad, cada uno hizo sus proyecciones y se agregaron. En adaptación, los planes nacionales de adaptación, que corresponden a las áreas priorizadas, como costas y ciudades, tienen además un enfoque sectorial. Se evidencia también que, las políticas o normativas de los sectores energía, agricultura y de servicios climáticos, propician directamente la mitigación y adaptación frente al cambio climático. Los sectores cuentan con sus propios sistemas de monitoreo integrados en el pMRV. Lo mencionado anteriormente se evidencia en la NDC del país, en donde se realiza un listado, por sectores, de las principales medidas de mitigación operativas o futuras, las cuales aportan al logro de los objetivos de la NDC.

Durante el proceso de construcción de la PNCC participaron los gobiernos locales. Para la NDC hubo articulación territorial a nivel general durante el proceso de elaboración, mediante la organización de cuatro (4) instancias en el interior y en Montevideo, para recibir aportes. Actualmente, se tiene la intención de regresar al territorio para consultar e involucrar a los actores locales en la implementación de la NDC. La articulación territorial se evidencia especialmente en el trabajo de adaptación. Actualmente, el proceso de desarrollo de planes nacionales de adaptación, que están muy vinculados con la NDC, específicamente los de zonas costera, agropecuario, ciudades e infraestructura y planificación local, tienen un componente territorial importante. El de zona costera trabaja con seis (6) departamentos/gobiernos locales costeros. El PNA de ciudades busca abordar carencias para integrar la adaptación en las ciudades y la planificación y presupuestos de los gobiernos locales. En lo que respecta a la gestión del riesgo de desastres, también se trabaja a nivel del territorio, a través del Sistema nacional de emergencias y con la figura de coordinadores departamentales. También se cuenta con el Plan nacional de eficiencia energética, el cual tiene el objetivo de promover la incorporación de medidas de eficiencia energética en hogares, empresas e instituciones públicas. Incluye planificación, apoyo para diagnósticos, e incentivos a nivel local. El Ministerio de Turismo, con el apoyo del SNRCC, viene implementando el Sello Verde Turístico, que busca impulsar la adhesión de servicios de alojamiento a un plan de sostenibilidad turística que incluye acciones para la gestión sostenible del agua, de la energía y para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Este sello se relaciona a medidas establecidas específicamente en la NDC. Con el fin de promover la movilidad sostenible, Uruguay viene desarrollando distintas iniciativas a través de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Ambiente, Transporte y Economía, los gobiernos departamentales y la empresa eléctrica estatal. Asimismo, en el marco de la PNCC se han desarrollado otras iniciativas concretas en distintos departamentos. El departamento de Montevideo elabora inventarios de GEI.

Además de los actores del sector público, con quienes se trabaja en el marco del SNRCC, en Uruguay se han identificado otros actores clave que incluyen a las cámaras y asociaciones de productores rurales, industriales, de servicios y exportadores, red de ong ambientalistas y trabajadores (LEDSAC, 2016). Cabe mencionar el proceso de elaboración participativa de la propuesta de la PNCC, en el que se evidencia la participación de expertos de la sociedad civil, sector privado y academia. Además, la PNCC prevé su desarrollo e implementación con la participación de los distintos actores de la sociedad uruguaya: “En el desarrollo e implementación de esta Política se deberá garantizar la participación de las distintas instituciones relacionadas (...), incluidas las instituciones y organizaciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, a través de espacios interinstitucionales e intersectoriales eficientes que promuevan, formulen, implementen, monitoreen y evalúen esta Política” (sic). En el marco de la evaluación quinquenal en el ámbito del SNRCC, a la cual estarán sujetas la política y sus líneas de acción, se propiciará la participación de las distintas instituciones relacionadas. Además, a futuro se espera llevar un registro público de los actores para la implementación de cada una de las medidas, y vincularlo al mecanismo de programación, medición, reporte y verificación de la política y la NDC. La NDC de Uruguay fue considerada en consulta pública entre el 24 de agosto y 24 de septiembre de 2017. A la fecha, en Uruguay se dispone del involucramiento del sector privado en la implementación de la NDC, lo cual se ve reflejado en las inversiones en energías renovables, eficiencia energética en hogares, productores rurales que aplican prácticas que reducen emisiones y los hacen más resilientes y emprendimientos turísticos privados que trabajan con el Sello Verde. Actualmente se impulsan iniciativas orientadas a potenciar el involucramiento del sector privado en la NDC4 . Cabe mencionar que en el contexto de su política energética se ha propiciado la participación del sector privado a partir de un marco financiero propicio.

Actualmente, Uruguay prevé profundizar en la identificación de fuentes de financiamiento (nacional y recursos externos) para las diferentes medidas de la NDC. Para ello, se cuantificarán los recursos asignados al paquete de medidas. Asimismo, cuantifica y reporta el apoyo recibido (proyectos en ejecución durante el 2017) para la mitigación y la transparencia. Según el Portal de Transparencia Presupuestaria, respecto al presupuesto nacional asignado directamente a la gestión del cambio climático, se observa que para el año 2018 se cuenta con un crédito vigente de 9,3 millones de pesos uruguayos bajo la categoría “elaboración y promoción de políticas que den respuesta a la variabilidad y cambio climático”. Este crédito está repartido entre el MVOTMA y MGAP (OPP, 2017). Respecto de los mecanismos existentes, Uruguay expresa en su NDC que “El Estado también contribuyó a la reducción de emisiones de la economía otorgando beneficios impositivos a inversiones productivas bajas en carbono, como en la forestación, sector en el que el subsidio alcanzó a la mitad de los costos de plantación durante casi 15 años y en proyectos de energías renovables bajo el régimen de promoción de inversiones. Asimismo, en el sector de ganadería de carne vacuna, en lechería y en producción de arroz, las políticas públicas acompañaron fuertes inversiones y cambios tecnológicos que permitieron un aumento de la productividad y la reducción de la intensidad de emisiones por unidad de producto”. El segundo informe bienal de actualización a La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, presentado por Uruguay en 2017, identifica cualitativamente las necesidades de apoyo para seguir avanzando en sus objetivos de mitigación del cambio climático, especialmente para los objetivos condicionales.