La NDC estableció una meta de reducción de los GEI basada en el análisis sectorial y de escenarios de mitigación elaborados en el marco del proyecto MAPS-Chile (Fase 2), los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990- 2010), información adicional provista por los Ministerios de Medio Ambiente, Energía, Hacienda y Agricultura, y las observaciones recibidas en el proceso de consulta pública. Respecto a la adaptación, la NDC de Chile recogió los avances del desarrollo de políticas de adaptación del país, existentes en ese momento, y se propuso avanzar en su implementación y en aquellos aspectos en que se detectaron brechas. La formulación incluyó un proceso de consulta pública formal de cuatro meses de duración, que fue establecido para recibir observaciones de diversos actores de la sociedad. Debido a cambios en las circunstancias nacionales e internacionales, Chile consideró la necesidad de actualizar sus contribuciones, por lo que se conformó el Grupo de Trabajo del Sector Público (GTSP-NDC). Se trata de una instancia colaborativa integrada por autoridades de once (11) ministerios, y coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente, que inició su trabajo en 2017. Algunos de los temas que se han discutido incluyen la reformulación de la meta nacional en una meta absoluta; el nivel de ambición de la nueva meta; seguir o no manteniendo la separación entre metas condicionales e incondicionales; y el seguimiento al compromiso pre-2020.

La gestión del cambio climático en Chile es liderada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a través de la Oficina de Cambio Climático, e incluye a varios ministerios: Interior y Seguridad Pública; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Hacienda; Secretaría General de la Presidencia; Economía, Fomento y Turismo; Desarrollo Social; Educación; Obras Públicas; Salud; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería; Transportes y Telecomunicaciones, y Energía. Posterior al Acuerdo de París Chile presentó el Plan de Acción Nacional de Consumo y Producción Sustentables 2017-2022, que establece la visión estratégica gubernamental para conducir al país hacia una economía baja en carbono. También presentó el Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para el sector energía, donde establece objetivos de reducción específicos, promoviendo la incorporación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022), es el instrumento articulador de la política climática; este y sus actualizaciones cada 5 años, se orientará con la Estrategia Nacional de Cambio Climático a 2050. En 2017, Chile oficializa el Acuerdo de París como ley. Ese mismo año, crea la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático, cuya misión es asesorar a la Presidencia en la identificación y formulación de políticas, planes, programas y medidas de cambio climático, el cumplimiento del Acuerdo de París, y en la elaboración de una política nacional climática. Esta Comisión, cuenta con una Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2014), entrega lineamientos para la adaptación en el país y proporciona una estructura operativa para su coordinación e implementación, considerando el enfoque sectorial, transversal, y los diferentes niveles administrativos territoriales. Define 9 sectores prioritarios para desarrollar planes de adaptación, de los cuales 7 están aprobados y en implementación, y dos en fase de actualización, el del sector silvoagropecuario y el de biodiversidad. En el 2018 el Gobierno anunció la elaboración de una Ley de Cambio Climático, proyecto que prevé ingresar al Congreso, en agosto de 2019.

Chile cuenta con varios comités para la coordinación intersectorial en cambio climático. Destaca, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el ministro del Medio Ambiente e integrado por otros 11 ministros (Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y de Planificación), como el principal órgano decidor de la política climática del país. Además, está el Comité de Negociación Internacional, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y conformado por los Ministerios de Energía, Agricultura y del Medio Ambiente, a cargo de los procesos de acuerdo nacional de cara a las negociaciones internacionales. El Equipo Técnico Interministerial (ETICC), formado en 2015, como lo establece el Plan Nacional de Adaptación, está integrado por los puntos focales de cambio climático de todos los ministerios y servicios competentes, y opera como organismo de coordinación técnica para la elaboración de políticas de cambio climático, de las comunicaciones nacionales y de los informes bienales de actualización. Finalmente, la Autoridad Nacional Designada (AND) ante el Fondo Verde del Clima recae en el Subsecretario del Ministerio de Hacienda, y es apoyada por una Secretaría Técnica, coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente, y compuesta por los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2014), establece objetivos, principios, el marco conceptual de la adaptación, la definición de los sectores que deben tener planes de adaptación, y una ruta para su elaboración e implementación. De los 9 sectores priorizados en el ámbito de la adaptación ya se han elaborado y están en fase de implementación los planes de silvoagropecuario (2013), biodiversidad (2014), pesca y acuicultura (2015), salud (2016), infraestructura (2017), ciudades (2018) y energía (2018).

En las regiones, los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC) son los organismos que coordinan los diversos sectores, y a los municipios, para la implementación de las políticas de cambio climático regionales. Son presididos por la autoridad máxima del Gobierno Regional, el Intendente, y participan las secretarías regionales ministeriales (Seremis), representantes de los municipios y los de los consejos consultivos. Fueron ideados en el Plan Nacional Adaptación al Cambio Climático (2014), frente a la necesidad de tener un organismo coordinador en las regiones. A nivel local, también existe la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, compuesta por 45 municipios y abierta, a nivel nacional, para otras unidades comunales que deseen comprometerse a planificar y gestionar su territorio. Con ayuda de esta iniciativa se desarrollan los perfiles climáticos municipales, instrumentos que compilan información para aumentar el entendimiento sobre los impactos locales negativos que genera el cambio climático; y los planes locales de cambio climático, como instrumentos de planificación internos de los municipios, desarrollados para integrar e implementar la adaptación en la gestión local. La iniciativa cuenta también con el manual de incorporación de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente permite que los municipios, de manera voluntaria, integren en su territorio un modelo de gestión ambiental en el conjunto de sus funciones, siguiendo los estándares internacionales como ISO 14.001 y el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría. Además, la iniciativa Comuna Energética, desarrollada por el Ministerio de Energía, promueve la elaboración e implementación de una estrategia energética en municipios, usando un proceso participativo de la sociedad civil, empresas, academia, gobiernos locales y gobierno nacional.

A nivel local, las secretarías regionales ministeriales del Medio Ambiente (SEREMIS), los comités regionales de cambio climático (CORECC) y la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático son los principales actores. El sector privado es representado por un consejo consultivo a nivel central y mediante los consejos consultivos regionales. Se encuentra también el Climate Leaders Group y la Red Pacto Global Chile. La sociedad civil también se encuentra representada en el consejo consultivo a nivel central y los consejos consultivos regionales; destacan las ONG Terram, WWF Chile, FIMA, y Adapt Chile. Además, en el país cuentan con el programa nacional HuellaChile, de gestión del Carbono, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo principal objetivo es fomentar la gestión de GEI en organizaciones públicas y privadas para la mitigación de las emisiones totales de GEI del país.

Para definición de las necesidades financieras se está trabajando en la elaboración de una Estrategia Nacional Financiera frente al Cambio Climático, que proveerá información relativa a las brechas de financiamiento entre oferta y demanda, considerando los sectores priorizados en función de su relevancia estratégica para el desarrollo de una economía baja en emisiones de carbono. La NDC de Chile incluye la elaboración de esta Estrategia, que debe incorporar al menos lo siguiente: Análisis periódico del gasto público -directo e indirecto- en cambio climático, actualizable anualmente. Creación de institucionalidad interna para gestionar y coordinar de manera óptima la relación con el Fondo Verde del Clima, y que levantará y evaluará una cartera de proyectos financiables desde una perspectiva multisectorial, entre otras funciones. Diseño de instrumentos financieros a ser utilizados con fines de adaptación y transferencias tecnológicas. El Ministerio de Hacienda espera entregar esta estrategia durante el primer semestre de 2019. El foco está en contar con un diagnóstico congruente de las finanzas climáticas, identificando las diversas fuentes de financiamiento; público, internacional y privado, junto a iniciativas que maximicen la afluencia de capitales por medio de la creación de un entorno propicio a las necesidades de los inversores. Actualmente Chile cuenta con distintos mecanismos de financiamiento climático. Destacan los de carácter público, bajo la forma de gasto público climático, expresado en programas y proyectos de mitigación y adaptación. Además, existen fuentes de financiamiento privado, que contemplan instrumentos, como préstamos, equity, y garantías, entre otros. Chile cuenta con un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono de US$5 la tonelada de CO2eq. Además, desde 2013, el Ministerio de Desarrollo Social a través de su División de Evaluación Social de Inversiones, presenta anualmente el precio social al carbono. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, busca fomentar la inclusión de la dimensión del cambio climático y el desarrollo sostenible en el sector privado y en los territorios. Esto, a través de acuerdos voluntarios, coordinación con otras instituciones públicas, iniciativas de fomento y ejecución de programas y proyectos que aporten a la construcción de una economía sustentable, resiliente y baja en carbono.