Se ha considerado la participación ciudadana e interinstitucional como base para las contribuciones. Se llevó a cabo un proceso consultivo donde se tomó en cuenta a más de 450 participantes de todos los sectores en diferentes modalidades.

Costa Rica cuenta con diversas políticas y normativas relacionadas al cambio climático, algunas específicas y otras formuladas en áreas sectoriales claves (transporte, agropecuario, REDD, energía). La mayoría diseñadas previo al 2015, antes del Acuerdo de París y la NDC. Como parte del proceso de implementación de esta última, se modelaron políticas públicas vigentes para evaluar si su aplicación permitiría cumplir con la NDC. El resultado negativo de este proceso ha dinamizado la formulación de un nuevo paquete de políticas públicas que incrementen el nivel de ambición, tanto en mitigación como adaptación. En 2019, Costa Rica lanzó su Plan de Descarbonización al 2050, oficializó la Política Nacional de Adaptación, estableció el Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático SINAMECC, lanzó el Programa país de carbono neutralidad 2.0, creó el Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático 5C y el Consejo Científico de Cambio Climático 4C. En materia sectorial destacan: la Ley a la promoción de incentivos al transporte eléctrico (Ley número 9518) y otros decretos complementarios tales como el Decreto de promoción de movilidad sostenible en instituciones públicas (DE 41427 MOPT), Decreto de incentivos a vehículos eléctricos usados (DE 41426), Directriz para transición a flota vehicular eléctrica (Directriz 033-MINAE MOPT) y Decreto de derogatoria de incentivos a vehículos híbridos (DE 41425 H- MINAE-MOPT). Otro proyecto clave busca fortalecer el transporte público, con el recorrido del Tren Interurbano como un eje central, mientras que la Ley 9366 se enfoca en la electrificación del ferrocarril. La modernización del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) le permite endeudarse hasta un máximo equivalente al 40% de sus activos, para construir una red de trenes eléctricos que reduzca las emisiones de GEI en el sector transporte. Además, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo establece la descarbonización como uno de los cuatro (4) objetivos del nivel nacional (cross cutting). Con ello, deja de ser tratado como un objetivo sectorial ambiental y pasa a ser de alta relevancia política.

Desde el 2012, Costa Rica cuenta con el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático. Este fue creado a través del Decreto 36823 y es un órgano asesor, que entrega apoyo al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para facilitar la formulación, implementación y seguimiento a las políticas climáticas desde un enfoque interinstitucional. Este comité sesiona una vez al mes, y actualmente se están evaluando ajustes para incorporar formalmente a otras instituciones que han participado invitadas, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIVAH) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Este comité está integrado por representantes técnicos. Lo complementa la Secretaría de Planificación Sectorial del sector ambiente (SEPLASA), que estableció una coordinación central en cambio climático. Desde el nivel sectorial el ministro rector, en su ejercicio, puede dictar políticas vinculantes a las instituciones que forman parte de su sector. Siguiendo este procedimiento se aprobó y oficializó recientemente la Política Nacional de Adaptación. Las estructuras permanentes de coordinación interinstitucional y multisectorial se complementan con estructuras ad-hoc que se han establecido para implementar procesos en el marco de los NAMA. Actualmente existen comités permanentes de coordinación NAMA, tanto en café como en ganadería, los cuales tienen representación de los dos ministerios sectoriales (Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG] y el Ministerio de Ambiente y Energía [MINAE]) como de representantes de cámaras de productores de los subsectores. Por otra parte, se han establecido mesas de trabajo para desarrollar acuerdos sectoriales de reducción de emisiones. A inicios del 2018 se firmó el Acuerdo sectorial de reducción de emisiones del sector agropecuario, y se tiene planeado firmar el Acuerdo sectorial de reducción de emisiones del sector transporte. En ambos casos se han establecido estructuras ad-hoc, con representantes de los Ministerios, e igualmente se han generado procesos de consulta con otros actores, para ampliar el proceso de construcción de los mismos. Los acuerdos sectoriales tienen vigencia de cinco (5) años y representan la contribución del sector al compromiso asumido en el marco de la NDC. Se espera que, en el futuro, incrementen su nivel de ambición pues operan bajo el principio de progresión.

Costa Rica reconoce la importancia del nivel territorial, evolucionando desde un enfoque sectorial de las acciones climáticas, a uno integral territorial. Con ello impulsa la organización de las metas de la NDC en torno a territorios urbanos, rurales y costeros, la integración de las municipalidades y fortalecimiento de la planificación territorial local y regional. El Programa país de carbono neutralidad 2.0, introdujo una nueva categoría de trabajo con municipalidades para facilitar el involucramiento de actores del nivel subnacional. Oficializó una metodología para medir emisiones de gases de efecto invernadero a nivel territorial y diseñó guías de medidas de mitigación, que pueden impulsar los municipios en áreas como movilidad sostenible, movilidad eléctrica, gestión integral de residuos. Se desarrolla un plan piloto con seis municipalidades, midiendo sus emisiones y definiendo medidas de reducción y con otras cuatro se implementan proyectos específicos en movilidad sostenible. También, se han diseñado guías didácticas para incorporar la planificación adaptativa en los niveles local y regional, de modo que los instrumentos de planificación territorial transversalicen la variable climática y de adaptación. Coordinado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Comisión Nacional de Emergencias y MIDEPLAN, se apoya la generación de capacidades en diversos territorios. El IFAM intensifica una agenda climática con municipalidades a través de proyectos piloto para mitigación de efectos de variabilidad climática en territorios; el blindaje de infraestructura local crítica como acueductos, centros de salud, entre otros; y la formulación de planes de ordenamiento territorial que incorporen un enfoque e indicadores de gestión de riesgo. Aborda REDD+, proyecto desarrollado por Verified Carbon Standard, propone implementar un estándar de paisaje para evaluar resultados y movilizar inversiones del sector privado en la producción de materias primas bajas en carbono y cero deforestación, complementando la financiación pública. El proyecto Soluciones energéticas para las ciudades del futuro, busca empoderar a ciudades para implementar energía renovable mediante un mayor conocimiento sobre políticas y marcos regulatorios; el desarrollo capacidades, herramientas e información a nivel municipal sobre soluciones tecnológicas; e identificar sinergias entre ciudades para compartir mejores prácticas y replicar soluciones innovadoras. Los Ministerios de Ambiente y Energía y de Obras Públicas y Transportes, directivos del sector autobusero y otras entidades, impulsan la electrificación de buses. Además el Instituto Costarricense de Ferrocarriles desarrolla un tren eléctrico que operará en el Gran Área Metropolitana.

El país cuenta con un Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático (5C) sesionando e incluso participó en la COP 24. El 5C tiene representantes de varios colectivos urbanos, productivos, mujeres, indígenas, sector privado. Por otra parte, se encuentra en proceso de confoción el Consejo Científico 4C, con representación de la academia. Como parte de los esfuerzos para facilitar la participación de grupos sociales, la transparencia y el acceso a información, se lanzará una plataforma con información climática amigable, además del Sistema de Métrica de Cambio Climático SINAMECC. El SINAMECC es un sistema integrado, multipropósito y formado por diversos módulos. Sus componentes principales son: mitigación, adaptación, finanzas climáticas y cobeneficios. El objetivo principal es medir el progreso de las políticas climáticas nacionales, incluyendo la contribución nacional, y habilitar la formulación de política climática basada en datos. Deberá formar parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), además tiene que incorporar al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) información sobre los mecanismos de compensación de emisiones empleados por Costa Rica, y presentará el catálogo de organizaciones e instituciones comprometidas con las metas de carbono neutralidad nacionales. Incluye, también, al sector privado y a los gobiernos locales. Otro mecanismo de participación del sector privado es el programa país de carbono neutralidad 2.0. A través de él, más de 120 organizaciones y empresas privadas están midiendo su huella de carbono, implementando medidas de reducción de emisiones y compensando acciones a través de la compra de unidades costarricenses de compensación (UCC). Para apoyar a PYMES existe una alianza público privada de carbono neutralidad, a través de la cual se ha podido apoyar a más de 60 personas de pequeñas empresas para que se capaciten en cómo medir huellas y definan planes de acción.

La Dirección de Cambio Climático está realizando un plan de inversiones para implementar la NDC, el que utiliza como insumo una división territorial que comprende los territorios urbanos (paisaje urbano), territorios rurales (paisaje rural) y territorios costeros y recurso hídrico (paisaje azul). A partir de ella, se calculan las necesidades financieras para implementar las acciones en cada territorio. Se avanza en la identificación de necesidades de inversión en materia de estudios técnicos, generación de capacidades, transferencia de tecnología o inversión, tanto en mitigación como adaptación. Con esta base se realizó una estimación preliminar del costo de implementación de la NDC a lo largo de 15 años, la que llegaría a $10471,9 millones de USD y considera, $6469,4 millones de USD en acciones de mitigación y $4002,5 millones de USD en medidas de adaptación. La estrategia de financiamiento tiene un enfoque programático y se sintetiza en el plan de inversiones de la NDC. Este caracteriza las necesidades de inversión, determina si debe realizarla el sector privado o el público, y la tipología de apoyo requerido. De este plan se derivará el Programa país del Fondo Verde del Clima, y las prioridades a negociar con otros actores bilaterales y multilaterales. Costa Rica posee un mecanismo de financiamiento a nivel del sistema financiero (líneas de crédito verde) y está desarrollando sistemas de bonos verdes. Se trabaja para acreditar a la banca para el desarrollo como entidad de acceso directo al Fondo Verde del Clima. Y se analizan nuevos modelos de negocio para el sector de movilidad eléctrica, tanto en buses (esquemas de leasing) como de flota ligera. Se ha asignado montos relevantes, derivados de los impuestos a los combustibles, para la protección de bosque (más de US400 millones en los últimos 15 años) y gestión forestal a través del Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Además, se realizan ejercicios para analizar la trazabilidad de fondos públicos, de cooperación internacional, y fondos privados en materia climática. En el caso de fondos de cooperación internacional se está desarrollando un trabajo con MIDEPLAN, Cancillería y las oficinas de cooperación internacional de MINAE y del sector ambiente.