En el proceso de formulación se tomaron en cuenta las metas nacionales en materia de energía, conforme a las proyecciones del desarrollo al 2030 del país. A partir de aquí se sostuvo un amplio proceso de consulta con las principales instituciones involucradas en la formulación de las políticas públicas relacionadas y en su proceso de implementación.

Cuba cuenta con diversas políticas y normativas que consideran el cambio climático. Incluso, cuando este no ha sido expresamente plasmado, dado el momento de su adopción (programa de suelos, programa forestal), los planes y programas existentes se aplican de manera dinámica y flexible, para responder a las metas de adaptación y mitigación. La prioridad de Cuba es la adaptación, aunque considera a la mitigación como parte de un compromiso y como una oportunidad para el desarrollo del país. La NDC es consistente con las Bases del Plan de Desarrollo Económico y Social (2030), donde se reconoce como objetivo “la búsqueda de un desarrollo menos intenso en carbono”. En el 2017, el Consejo de Ministros de Cuba presentó el Plan de Estado para enfrentar el cambio climático. El documento se conoce como “Tarea Vida” y su implementación requerirá de un programa de inversiones progresivas que se irán ejecutando a corto, mediano, largo y muy largo plazos, en todo el país (años 2020, 2030, 2050 y 2100 respectivamente). Las medidas de adaptación y mitigación están también presentes en los nuevos desarrollos del marco legal. En el 2017 se adoptó la Ley Nº 124 sobre las aguas terrestres. En ella se establece un marco de normas para la resiliencia de las aguas interiores del país, y la adaptación al cambio climático, que aparece como un objetivo central. Otros diversos cambios se proyectan en el marco legal, con repercusión a las políticas climáticas, incluyendo el sector de energía, las costas, y la protección del medio ambiente en general.

La institución responsable de la coordinación de los esfuerzos nacionales en materia del cambio climático es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cada sector relevante (agua, agricultura, forestal, pesca, transporte, construcción, energía, entre otros), desarrolla su marco estratégico especifico, a partir de las políticas generales. De igual manera lo hace cada provincia del país. Cuentan con el Grupo Nacional de Cambio Climático, presidido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Instituto de Meteorología (INSMET). El grupo reúne a los sectores nacionales involucrados en la gestión del cambio climático (energía y minas, uso de la tierra, agricultura, relaciones exteriores, transporte, pesca, construcción, recursos hídricos), así como instituciones académicas y diferentes ONG. Los sectores cuentan con altos niveles de vínculos y coordinaciones en relación a las medidas relativas a la adaptación ante desastres naturales y la toma y evaluación de datos meteorológicos. El Consejo de Ministros también tiene un importante rol de coordinación y control del cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. El Presidente atiende directamente el seguimiento mensual de este plan.

A nivel territorial se cuenta con un plan del gobierno local para el enfrentamiento al cambio climático, que es la respuesta a ese nivel a la “Tarea Vida”. Ese plan tiene características singulares en cada territorio, pero su denominador común es que abarca todos los municipios y sectores. Se cuenta también con importantes proyectos nacionales e internacionales que incluyen, entre otros: Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones costeras a través de la adaptación basada en ecosistemas, en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque. El proyecto, financiado por el Fondo de Adaptación, busca reducir la vulnerabilidad de las comunidades de las zonas costeras de Artemisa y Mayabeque, provincias del sur de Cuba, altamente sensibles al cambio climático. Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), es un proyecto ambiental que intenta reducir las vulnerabilidades frente al cambio climático del sector agropecuario de Cuba, para contribuir a responder a las siguientes prioridades: medio ambiente y cambio climático, seguridad alimentaria, y desarrollo local. A modo demostrativo, el proyecto realiza acciones piloto en los municipios de Pinar del Rio (Los Palacios), de Artemisa (Güira de Melena) y de Camagüey (Jimaguayú), seleccionados por sus diferentes características climáticas y de producción agrícola y ganadera. Macroproyecto Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana, asociados al ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100, se trata de un proyecto nacional que tiene como objetivo general perfeccionar e incrementar el conocimiento acerca de los escenarios de peligro del ascenso del nivel medio del mar (NMM) y la vulnerabilidad en su dimensión ambiental, económica y social.

Cuba reconoce que el enfrentamiento al cambio climático requiere un activo involucramiento de toda la sociedad. La Tarea once (11) del Plan de Estado indica “Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio climático(…)”. Sobre esa base se trabaja en la actualización del Programa cubano de comunicación, educación y sensibilización pública sobre el cambio climático y los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, que responde a la necesidad de promover una cultura asociada a esta problemática, sus consecuencias y las medidas de adaptación. En el desarrollo del programa intervienen diversas organizaciones y asociaciones, representativas de amplios sectores de la sociedad cubana.

La adaptación y la mitigación son categorías dentro de la planificación de las inversiones estatales y el enfrentamiento al cambio climático. En particular la adaptación, recibe atención priorizada en las asignaciones financieras del Estado. No obstante, no se cuenta aún con una metodología para determinar con más precisión las necesidades en adaptación y mitigación, y tampoco las correspondientes medidas más costo efectivas. Respecto a la adaptación, donde estas estimaciones resultan más complejas, se evalúa preferentemente el costo de soluciones naturales, a partir de la línea basada en ecosistemas, y el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales. Respecto a la mitigación, se reconoce la necesidad de un financiamiento que supera los cuatro (4) mil millones para alcanzar las metas propuestas en la NDC. El país ha priorizado las medidas de enfrentamiento al cambio climático, de manera que anualmente se jerarquizan recursos del presupuesto para estos fines. También son parte de la estrategia de financiamiento: La inversión extranjera, en la cual se sostienen una parte importante de las metas de energía. La aplicación a fondos internacionales. El mayor empleo de instrumentos económicos y financieros (créditos, aranceles, mecanismos fiscales). Al mismo tiempo, se comienza a trabajar en la promoción del concepto de inversiones verdes, de modo que los recursos financieros recibidos por cualquier vía (y no solo en la financiación climática), consideren financiar condiciones y necesidades para la adaptación y mitigación en el país. Cuba utiliza su sistema interno para financiar estrategias de cambio climático. Cuenta con un “Comité Interinstitucional del Fondo Verde para el Clima”, coordinado por el Banco Central de Cuba e integrado además por los Ministerios de Economía y Planificación, Finanzas, Comercio Exterior y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que analiza estrategias de financiación climática y evalúa y aprueba proyectos para la implementación a nivel nacional o en el territorio